DESAPARICIONES EN MÉXICO: ENTRE LA IMPUNIDAD Y EL ABANDONO INSTITUCIONAL

Por:  Diego Alexis Cordero Carranza

CRIMINÓLOGO

¿Y si un día tú eres la persona a la que buscamos?

En México, gran parte de los colectivos de búsqueda están integrados por madres que buscan a sus hijos, hijas o familiares desaparecidos. Ante la insuficiencia institucional, muchas de ellas se han visto obligadas a organizarse de manera autónoma, trabajando con recursos limitados, cooperaciones voluntarias y acompañamiento comunitario. Esta realidad refleja no solo una crisis humanitaria, sino también una profunda deuda del Estado frente a miles de familias que continúan viviendo entre la incertidumbre, la ausencia de respuestas y el abandono institucional.

La existencia de las madres buscadoras representa uno de los movimientos sociales y humanitarios más significativos y dolorosos de los últimos años. Su labor no solo busca localizar personas desaparecidas, sino también visibilizar una problemática que durante mucho tiempo fue minimizada, invisibilizada o reducida únicamente a estadísticas. Actualmente, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas supera las 110 mil personas, cifra que evidencia la magnitud de una crisis sostenida por la impunidad, la violencia y la incapacidad institucional para responder de manera efectiva.

Casos como el del “Rancho Izaguirre” reflejan con claridad esta realidad. En el lugar fueron localizados cientos de objetos personales, restos óseos, casquillos y posibles fosas clandestinas. Aunque el caso generó atención mediática durante un periodo breve, para los colectivos y familias afectadas la problemática no termina cuando desaparece de las noticias. La búsqueda continúa, así como las preguntas pendientes, las investigaciones inconclusas y la necesidad permanente de verdad y justicia. Además, estos hallazgos evidencian la magnitud de una crisis que durante años ha permanecido invisibilizada entre omisiones institucionales, miedo social y profundas heridas colectivas.

Lo más preocupante es que fueron las propias organizaciones de búsqueda quienes contribuyeron a visibilizar este tipo de escenarios. Esto evidencia cómo, en muchas ocasiones, la búsqueda de personas desaparecidas ha recaído en las familias y no en las instituciones responsables de garantizar seguridad, investigación y acceso a la justicia. A pesar de la gravedad de estos hallazgos, continúa existiendo una percepción social y política donde los casos únicamente reciben atención mientras permanecen en tendencia mediática.

La verdadera preocupación radica en reconocer que, si existió un espacio como el Rancho Izaguirre, probablemente existan muchos otros lugares similares aún no identificados. Esto obliga a cuestionar no solo la capacidad de reacción de las autoridades, sino también la ausencia de estrategias preventivas, investigación permanente y mecanismos eficaces de búsqueda e identificación humana. El problema no desaparece cuando deja de ocupar titulares; continúa presente en la vida cotidiana de miles de familias.

La desaparición de personas en México dejó de limitarse a contextos específicos. Hoy, cualquier persona puede encontrarse en situación de vulnerabilidad frente a esta problemática. Mientras continúe prevaleciendo la impunidad, la indiferencia institucional y la normalización de la violencia, la crisis de desapariciones seguirá representando una de las expresiones más graves de inseguridad.