CRIMINALIZACIÓN EN CONTEXTOS MIGRATORIOS

Por: Jorge Gonzalez Jr Briones

CRIMINÓLOGO

En los últimos años, la migración irregular ha sido abordada cada vez más desde una perspectiva de seguridad. En muchos países se han endurecido las políticas migratorias bajo la idea de que sanciones más severas reducirán la migración y fortalecerán la seguridad pública. Sin embargo, la evidencia científica sugiere que esta relación es mucho más compleja de lo que suele plantearse en el discurso político.

Un estudio que analizó los casos de Italia y Francia encontró que criminalizar la migración irregular tiene efectos limitados para disminuir los flujos migratorios y puede generar un círculo vicioso con consecuencias no previstas. Al convertir la migración en un delito, se fortalece la percepción de que las personas migrantes representan una amenaza para la seguridad, reforzando estereotipos que asocian migración con delincuencia. Esta narrativa incrementa la preocupación social y favorece la demanda de políticas cada vez más restrictivas, aun cuando su efectividad sea cuestionable.

Además, cuando las personas migrantes adquieren antecedentes penales únicamente por su situación migratoria, sus posibilidades de acceder a un empleo formal, regularizar su estancia o integrarse socialmente disminuyen de manera considerable. Ante la falta de alternativas legales, muchas terminan dependiendo de economías informales o de redes clandestinas para sobrevivir, aumentando precisamente aquello que las políticas pretendían reducir: la irregularidad.

El mismo estudio señala que este proceso incrementa la vulnerabilidad de las personas migrantes frente a la explotación laboral, el abuso y la discriminación. Al mismo tiempo, fortalece a organizaciones que se benefician de la migración irregular, como redes de tráfico de personas o empleadores que recurren al trabajo informal. Paradójicamente, las políticas diseñadas para combatir estos problemas pueden terminar alimentándolos de forma indirecta.

Otro factor importante es el papel que desempeñan los discursos políticos y algunos medios de comunicación. Cuando la migración se presenta de manera constante como una amenaza para la seguridad nacional, la percepción pública de inseguridad aumenta, incluso cuando los datos no respaldan esa idea. Como consecuencia, esa percepción influye en la creación de nuevas medidas restrictivas, perpetuando un ciclo donde la preocupación genera más restricciones y estas producen nuevas formas de irregularidad.

Esto no significa ignorar los desafíos que implica la migración irregular ni minimizar la importancia de gestionar las fronteras. Más bien, invita a reflexionar sobre la necesidad de diseñar políticas públicas basadas en evidencia y no únicamente en percepciones. Diversos investigadores coinciden en que ampliar las vías legales de migración, facilitar procesos de regularización cuando sean viables y promover estrategias de integración puede resultar más efectivo para reducir la irregularidad y fortalecer la seguridad de las personas migrantes y de las sociedades receptoras. Comprender este fenómeno desde un enfoque más amplio permite reconocer que la seguridad, la integración y los derechos humanos no son objetivos incompatibles, sino elementos que pueden reforzarse mutuamente mediante políticas públicas sustentadas en evidencia.