CRIMINALIZACIÓN DE ACTIVISTAS

Por: Armado Zarazúa Hernández

GESTOR PÚBLICO

De la incomodidad y la intolerancia: de la crítica social a la Fiscalía y a las carpetas de investigación.

El activismo existe para señalar las fallas del poder. Su función es exhibir las omisiones, negligencias y malas prácticas que muchas veces el discurso oficial intenta ocultar. Por eso incomoda. Incomoda al gobierno porque obliga a mirar la incompetencia institucional, pero también incomoda a la sociedad, porque rompe la ilusión de un “mundo maravilloso“ y nos enfrenta con aquello que preferimos ignorar: la inseguridad, las desapariciones, la precarización del campo, la violencia y la impunidad.

El activismo actúa como un balde de agua helada sobre la indiferencia colectiva. Nos obliga a mirar los rostros de los desaparecidos, de las comunidades abandonadas y de quienes viven diariamente las consecuencias de un sistema que ha fallado. Sin embargo, muchas veces resulta más sencillo convertir al activista en el antagonista de la historia que reconocer las causas estructurales que originan la protesta.

La discusión pública suele centrarse más en la iconoclasia, el bloqueo de calles o la confrontación con las autoridades, que en las razones que llevaron a esas personas a manifestarse. Se condena la rabia visible, pero se ignora la violencia que la produjo. El problema deja de ser la desaparición forzada, la corrupción o la impunidad, y se traslada hacia quienes denuncian esas realidades.

¿Y cómo permite el sistema que esto ocurra? A través de detenciones arbitrarias, carpetas de investigación dudosas y discursos que presentan a las y los activistas como amenazas para el orden público. Para el aparato institucional, quienes protestan terminan convertidos en “criminales” por resistirse a una detención, alterar el orden o incomodar políticamente. La protesta se transforma así en un problema mayor que las injusticias que intenta denunciar.

Pero el verdadero conflicto no son quienes salen a las calles, sino un Estado que ha fallado repetidamente: a las madres buscadoras atrapadas en burocracias inútiles, a las comunidades rurales abandonadas, a los estudiantes víctimas de violencia institucional, a las infancias que el narco se ha vuelto su cultura popular en las aulas y a una sociedad que observa cómo la violencia se normaliza mientras las respuestas oficiales resultan insuficientes.

El activismo no debería entenderse como una amenaza, sino como una forma de presión social capaz de visibilizar errores y exigir cambios. Ningún gobierno es infalible, pero cuando toda crítica se interpreta como un ataque político, el diálogo desaparece y el silencio se convierte en la única conducta aceptada. Criminalizar a quienes denuncian las fallas del sistema no resuelve los problemas; únicamente los vuelve menos visibles.